Ciudad de México– El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) disputa hasta el último centavo de los recursos que se abandonan en un juicio.
La prueba es que desde hace medio año el organismo hacendario litiga por 50 pesos que le aseguraron hace seis años a una persona acusada de narcomenudeo que, tras quedar absuelto, nunca más volvió al juzgado por su dinero.
El antecedente se remonta al 2011, cuando un juez federal y después un tribunal de alzada le dictaron la libertad por falta de elementos a Francisco Gasca, quien fue acusado por la PGR de posesión de cocaína con fines de comercio.
Una vez que se decretó el sobreseimiento de la causa penal, el 17 de agosto de 2016 el juez federal Alejandro Caballero Vértiz decretó el abandono de los 50 pesos y solicitó al SAE entregar el numerario al Poder Judicial de la Federación, a través de la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.
Advirtió que, de no atenderse su mandato, multaría al SAE con 50 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a 3 mil 774.5 pesos, una suma 75 veces superior a la que ahora es motivo del pleito legal.
El SAE presentó un recurso de revocación contra el juez, porque en su opinión éste se encuentra impedido para resolver un fallo de esta naturaleza y la ley obliga a depositar el dinero en la Tesorería de la Federación.
Argumentó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no faculta ni a la Judicatura ni a sus órganos jurisdiccionales para disponer de recursos declarados como abandonados en favor del Gobierno.
Siendo así, la entidad hacendaria dijo también estar imposibilitada para cumplir el mandato de Caballero Vértiz.
Pero el pleito, lejos de resolverse en ese momento, escaló, pues Caballero no admitió el recurso de revocación y, como consecuencia, el SAE presentó una demanda de amparo en su contra.
Rosa Montaño Martínez, Juez Décimo Quinto de Distrito en Amparo Penal, ordenó en enero al juez Caballero admitir el recurso de revocación del SAE y determinar el caso.
El juez así lo hizo, pero el pasado jueves lo resolvió en contra de la entidad hacendaria, ahora aduciendo que el Pleno de Circuito en Materia Penal en esta ciudad desde el 2015 estableció que sólo el Ministerio Público y la autoridad judicial eran competentes para decretar un abandono de bienes, no el SAE.
Declaró inoperantes los 6 argumentos o agravios del SAE, entre ellos su reclamo de violación al artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, que señala que los bienes no reclamados en 90 días causan abandono en favor del Gobierno Federal.
Aquí el juez se limitó a responder que el apartado regula sólo el momento del aseguramiento, no el posterior en que se levanta la medida, al sobreseerse un proceso por prescripción que tiene efectos de sentencia absolutoria, como es el caso en cuestión.
El SAE ahora puede recurrir a la apelación y continuar con su reclamo por 50 pesos.
El litigio lleva ya seis meses, un recurso de revocación, un amparo y tres resoluciones judiciales que no han sido suficientes para definir el destino final de un dinero con el que sólo pueden comprarse 10 boletos del metro.
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